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domingo, 11 de octubre de 2020

FinCEN Files: quiénes son los "boligarcas" y qué indicios hay de que bancos los ayudaron a extraer de Venezuela dinero público

Agencias.
BBC Mundo.




Mientras millones de venezolanos en los últimos años han huido del país o sufrido dentro la hiperinflación y la crisis, unos pocos empresarios cercanos al gobierno bolivariano de Hugo Chávez y Nicolás Maduro amasaron fortunas que resguardan en el exterior.

Se los conoce como "boligarcas", aunque en las calles de Venezuela se les dice despectivamente "enchufados".

Ahora, parte de los más de 2.000 documentos secretos bancarios que ven la luz en los llamados archivos FinCEN ofrece indicios de cómo algunos de ellos sacaron de Venezuela sumas millonarias en dinero público que originalmente estaba destinado a proyectos sociales.

Los archivos FinCEN contienen reportes de actividad sospechosa que diversos bancos enviaron a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre 2000 y 2017.

Los más de 2.000 reportes, que no son pruebas de un delito ni constituyen acusaciones criminales, fueron filtrados al medio estadounidense Buzzfeed, que los compartió con periodistas de investigación de 108 medios en 88 países, incluido el programa Panorama de la BBC.

Los documentos relativos a Venezuela señalan en particular a un empresario, Alejandro Ceballos Jiménez, magnate de la construcción que, según los documentos, traspasó secretamente US$116 millones de contratos para construir viviendas sociales a compañías offshore y a cuentas de sus familiares a través de bancos de Europa y Estados Unidos.

Por ejemplo, el Banco Espirito Santo, ya desaparecido tras la intervención del gobierno portugués en 2014, movió más de US$100 millones fuera de Venezuela a cuentas de su familia. Parte de ese dinero provino de la petrolera estatal PDVSA y de programas gubernamentales como la Misión Che Guevara, que tiene el fin de combatir la pobreza.

Ceballos es uno de los al menos siete magnates venezolanos cuyas operaciones financieras tras cerrar acuerdos con los gobiernos de Chávez y Maduro se revelan en los archivos FinCEN.

Según el análisis hecho por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) de los archivos filtrados, hay reportes bancarios de transacciones sospechosas ligados a Venezuela por valor de más de US$4.800 millones entre 2009 y 2017. Cerca de un 70% involucra dinero público pagado por una entidad gubernamental.

El magnate de la construcción

Ceballos no respondió a los pedidos de entrevista del ICIJ realizados en agosto. Se excusó en las dificultades para acceder a los documentos debido a la cuarentena en Venezuela por la pandemia.

Ceballos tiene una lujosa residencia en Miami, donde disfruta de una de sus grandes pasiones: las carreras de caballos en el hipódromo de Hallandale Beach.

La fortuna de Ceballos viene de lejos. Durante décadas la constructora familiar, Inversiones Alfamaq, operó en Venezuela.

Bajo el gobierno de Chávez su familia ganó decenas de contratos para construir escuelas, plantas de tratamiento de aguas o renovar estadios deportivos.

"No hay obra en Venezuela en la que Alfamaq no haya trabajado en estos más de 37 años", presumía Ceballos en una entrevista en 2016.

Entre ellas las de la Gran Misión Vivienda, desde 2011 uno de los programas sociales más emblemáticos del gobierno de Chávez, cuyo plan era construir dos millones de hogares para gente pobre y de clase trabajadora.

En 2012 el gobierno otorgó US$126 millones a una compañía italiana de energía, Energy Coal SPA, para construir 1.540 apartamentos para personas con recursos limitados. La firma europea subcontrató entonces el trabajo a Starleaf Limited, compañía basada en Londres y controlada por Ceballos y su familia.

Unos abogados suizos servían de representantes para ocultar la propiedad de Ceballos, según el reporte de Banco Espirito Santo a la FinCEN.

Entre 2013 y 2014 agencias del gobierno de Venezuela pagaron a Starleaf más de US$146 millones, según el desaparecido banco portugués. Luego la firma londinense distribuyó decenas de millones de dólares a compañías y cuentas de la familia Ceballos, de acuerdo a Espirito Santo.

"El patrón de pagos y la significativa porción o margen enviada a miembros de la familia parecen ser excesivos", escribió el banco en un informe de febrero de 2014. Tras revisar contratos y facturas, el banco concluyó que eran "artificiales", lo que puede estar conectado con lavado de dinero o evasión fiscal.

El gobierno de Venezuela en 2015 investigó ese proyecto y concluyó que hubo "irregularidades".

Los "bolichicos"

Los archivos también muestran los vínculos del banco suizo CBH con Alejandro Betancourt, que con sólo 29 años fundó Derwick, empresa a la que el gobierno de Venezuela otorgó sin concurso previo miles de millones de dólares para reparar el sistema eléctrico del país, hoy en día una de las infraestructuras más deterioradas de Venezuela.

A Betancourt y sus jóvenes socios se les conoce como "bolichicos".

En 2018 el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Francisco Convit y a otros siete ejecutivos de Derwick en una supuesta red de sobornos y lavado de dinero. Betancourt fue citado en la acusación como cómplice.

Los reportes de la FinCEN muestran alertas de decenas de pagos sospechosos que involucran a Derwick y a los bancos suizos CBH y Julius Baer.

Por ejemplo, Derwick envió cerca de US$12 millones a una compañía llamada Mediterraneo Global Investments en un pago calificado como sospechoso por el banco que lo realizó.

"Lo que ha pasado es el saqueo de un país", dijo al ICIJ Zair Mundaray, exfiscal anticorrupción de Venezuela y que ahora colabora desde el exilio con el líder opositor Juan Guaidó.

Mundaray culpa de la impunidad de los "boligarcas" a los bancos por no hacer un escrutinio más exhaustivo a sus clientes.

"Ningún banco investigó esto suficientemente", agrega.

Con Mundaray coincide Martin Rodil, fundador y director ejecutivo de InterAmerican Solutions, consultora que asesora al Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre las sanciones a Venezuela: "Sin los bancos esto no habría sucedido".

FinCEN Files: la filtración de miles de documentos que expone cómo los grandes bancos facilitaron el lavado de billones de dólares en todo el mundo

 



Agencias.
BBC Mundo.



Documentos filtrados que dan cuenta de transacciones que suman unos US$2 billones revelan cómo algunos de los bancos más grandes del mundo han permitido que delincuentes y políticos corruptos muevan dinero sucio por todo el mundo.

Se trata de los FinCEN Files, que incluyen más de 2.100 "reportes de actividades sospechosas" elaborados por bancos y otras instituciones financieras y enviados a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés).

Estos archivos confidenciales fueron obtenidos por el portal estadounidense de noticias BuzzFeed News, que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), la organización que coordinó también la investigación de los Panamá Papers.

Y 400 periodistas de 108 medios de comunicación de 88 países -incluyendo el programa Panorama de la BBC- pasaron 16 meses tirando de los hilos que encontraron en esos archivos, analizando millones de transacciones bancarias, investigando registros judiciales y entrevistando a investigadores, víctimas y presuntos implicados.

El resultado de esas investigaciones, que en palabras del ICIJ es "un verdadero tour mundial del crimen, la corrupción y la desigualdad, con papeles protagónicos para políticos, oligarcas y estafadores, y papeles clave de banqueros que les sirven a todos", empezará a ser publicado a partir de este domingo por los socios del consorcio.

En América Latina estos incluyen a medios como Proceso, Quinto Elemento Lab y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en México; Perfil, Infobae y La Nación, en Argentina; Armando Info, en Venezuela; Connectas y El Espectador, en Colombia; Convoca, en Perú y LaBot, en Chile, entre otros.

¿Que hay en los FinCEN Files?

La mayoría de los documentos contenidos en los FinCEN Files son "reportes de actividades sospechosas" (SARs, por sus siglas en inglés) enviados a las autoridades estadounidenses entre 2000 y 2017.

Estos documentos son algunos de los secretos mejor guardados del sistema bancario internacional y son utilizados por los bancos para informar sobre comportamientos sospechosos de sus clientes.

Los SARs no necesariamente refieren a delitos ni constituyen prueba de delitos.

Pero cualquier inquietud vinculada a transacciones realizadas en dólares estadounidenses debe notificarse al FinCEN, incluso si tiene lugar fuera de los EE.UU.

Por eso, las repercusiones de las investigaciones derivadas de los FinCEN Files se harán sentir por todo el mundo.

"A partir de los archivos secretos, los periodistas rastrearon los dólares de un traficante de drogas de Rhode Island, EE.UU., hasta un laboratorio químico en Wuhan, China; exploraron escándalos que paralizaron las economías de África y Europa del Este; identificaron a saqueadores de tumbas con reliquias budistas que se vendieron a las galerías de Nueva York; y siguieron a magnates venezolanos que desviaron dinero de viviendas públicas y hospitales", dice el ICIJ sobre a algunas de las historias investigadas.

El FinCEN, por su parte, dijo que la filtración podría afectar la seguridad nacional de Estados Unidos, comprometer las investigaciones y amenazar la seguridad de las instituciones y las personas que presentan los informes.

¿Por qué importa?

Si alguien planea sacar provecho de una empresa criminal debe encontrar una forma para lavar el dinero.

El lavado de dinero es el proceso de tomar dinero sucio -producto de delitos como el tráfico de drogas o la corrupción- y ponerlo en una cuenta en un banco respetado donde no estará vinculado con el delito.

El mismo proceso es necesario si uno es un oligarca ruso al que los países occidentales han impuesto sanciones para evitar que ingrese su dinero a Occidente.

Se supone que los bancos deben asegurarse de no ayudar a los clientes a lavar dinero o moverlo de manera contraria a las reglas.

Por ley, tienen que saber quiénes son sus clientes. Y no es suficiente presentar un SAR y seguir recibiendo dinero sucio de los clientes mientras se espera que las autoridades se encarguen del problema: si un banco tiene evidencia de actividad criminal, debe dejar de mover el dinero.

Fergus Shiel del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), dijo que los archivos filtrados dan una "idea de lo que los bancos saben sobre el vasto flujo de dinero sucio en todo el mundo".

Y según Shiel, los documentos también ponen en evidencia las cantidades extraordinariamente grandes de dinero involucradas.

Los documentos en los FinCEN Files cubren alrededor de US$2 billones de transacciones, pero son solo una pequeña proporción de los SARs presentados durante el período.

¿Qué dicen los FinCEN Files de América Latina?

Los hallazgos vinculados a personalidades e instituciones latinoamericanas se irán haciendo públicos en los próximos días.

Pero, por lo pronto, en México la revista Proceso empezó destacando una posible "actividad sospechosa" del asesor político venezolano Juan José Rendón que, según Deutsche Bank, "podría estar vinculada con el presidente de México Enrique Peña Nieto".

El reporte, que menciona "seis transferencias sospechosas, por un total de US$180.000 entre el 21 de julio de 2016 y el 6 de marzo de 2017" fue incluido en el "Resumen Semanal de la Cleptocracia" -un documento confidencial del FinCEN- de mayo de 2017.

Según el documento, el dinero podría haber sido utilizado por Rendón para pagarle a un hacker que "realizó campañas de ciberataques a favor de sus clientes […] e instaló spywares en las oficinas de la oposición para Enrique Peña Nieto durante las elecciones de México en 2012".

El tema también fue tocado por "Mexicanos contra la corrupción y la impunidad" (MCCI).

Pero el portal también destacó que entre los documentos filtrados hay varios que remiten a "operaciones sospechosas de lavado de dinero de organizaciones delictivas como el cártel de los Zetas y Rafael Caro Quintero del cártel de Guadalajara".

Y, siempre según MCCI, las filtraciones también tocan "la conexión mexicana en un programa secreto de misiles en Irán; las operaciones financieras en Suiza de un encumbrado funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto y también la triangulación de fondos, desde México, a una compañía de casinos en Las Vegas, de un empresario que ha financiado la carrera política de Trump", entre otros temas de próxima publicación.

En Venezuela el portal Armando Info arrancó su serie de publicaciones con un amplio reportaje sobre lo que los FinCEN File revelan de las operaciones del empresario colombiano Alex Saab, a quien el gobierno de EE.UU. acusa de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro.

Y Venezuela también es uno de los objetos de atención de The Miami Herald, que utilizó la información contenida en los FinCEN Files para contar como "a medida que Venezuela se hundía cada vez más en un infierno de miseria, ricos expatriados se enriquecían cada vez más".

La primera historia del Herald se centra sobre todo en la figura de Martín Lutsgarten, un empresario venezolano que reside en Miami que se enriqueció "como corredor de divisas de la élite venezolana sospechosa del robo de miles de millones", y su cooperación con la justicia estadounidense.

En Argentina, por su parte, La Nación y Perfil iniciaron sus entregas identificando a personalidades de ese país que movieron dinero a través de Meestral Assets, "una sociedad registrada en Islas Vírgenes Británicas y manejada por un empresario argentino que fue reportada ante el organismo antilavado de los Estados Unidos por 123 transferencias sospechosas entre 2013 y 2014".

Entre estas personalidades destaca el presentador de televisión Marcelo Tinelli, quien acapara los titulares, además de "un exfutbolista de Independiente, un exfuncionario del Banco Central y más de 30 empresarios".

Pero, como explica La Nación, más que la presunción de actividades ilícitas, la alerta estuvo motivada por el uso de una misma cuenta por parte de "personas y sociedades que no estaban relacionadas entre sí, ni compartían intereses comerciales".

Y, a través de una vocera Tinelli le dijo a La Nación que los fondos que él había transferidos eran producto de actividades lícitas y perfectamente declaradas" y se habían "utilizado para el pago de gastos personales". El presentador, sin embargo, reconoció que la cuenta no había sido declarada "oportunamente" al fisco argentino "por discrepancias de interpretación". "Finalmente, cuando se dictó la ley de sinceramiento fiscal, optamos por incluir esa cuenta", señaló la vocera.

Siempre en Argentina, Perfil también destacó que FinCEN rompió relaciones con las autoridades financieras del país en dos ocasiones, descontenta por la filtración de informas confidenciales.

En la primera oportunidad, en 2009, el reporte en cuestión involucraba a un importante opositor del entonces presidente Néstor Kirchner, y en 2015 a movimientos en una cuenta sospechosa del fallecido fiscal Alberto Nisman.

Infobae, por su parte, destaca en su cobertura las sospechas generadas por transacciones entre la agroexportadora Vicentín - que estuvo a punto de ser nacionalizada por el gobierno del presidente Alberto Fernández-y la multinacional Glenncore Grain.

Finalmente, en Colombia, la primera entrega de El Espectador se centra en la compra de un cuadro del célebre pintor colombiano Fernando Botero por parte de una empresa empleada por la constructora brasileña Oderbrecht para el pago de sobornos.

"Se debe resaltar que el maestro Fernando Botero no está bajo investigación alguna", destaca sin embargo el diario colombiano.

¿Cuáles son los principales bancos involucrados?

La filtración generará lecturas incómodas para algunos de los principales bancos del mundo.

Estas son algunas de las revelaciones que estos seguramente preferirían haber mantenido fuera del conocimiento público.

  • HSBC permitió a estafadores mover millones de dólares de dinero robado por todo el mundo, incluso después de enterarse por boca de investigadores estadounidenses de que era parte de una estafa.
  • JP Morgan permitió que una empresa moviera más de US$1.000 millones a través de una cuenta de Londres sin saber quién era el propietario. Más tarde, el banco descubrió que la compañía podría ser propiedad de un mafioso en la lista de los 10 más buscados del FBI.
  • Se encontró evidencia de que uno de los socios más cercanos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, utilizó al Barclays Bank en Londres para evitar sanciones que estaban destinadas a impedir que usara los servicios financieros en Occidente. Parte del efectivo se utilizó para comprar obras de arte.
  • El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos no actuó ante las advertencias sobre una empresa local que estaba ayudando a Irán a evadir sanciones.
  • Deutsche Bank movió el dinero sucio de los lavadores de dinero para el crimen organizado, terroristas y narcotraficantes.
  • Standard Chartered movió efectivo para Arab Bank durante más de una década después de que cuentas de clientes en el banco jordano se utilizaran para financiar actividades terroristas.

¿Qué tiene de diferente esta filtración?

Ha habido numerosas grandes filtraciones de información financiera en los últimos años, que incluyen:

  • Paradise Papers (2017)una filtración de documentos del proveedor de servicios legales en el extranjero Appleby y el proveedor de servicios corporativos Estera. Los dos operaron juntos bajo el nombre de Appleby hasta que Estera se independizó en 2016. Los documentos revelaron las operaciones financieras extraterritoriales de políticos, celebridades y líderes empresariales.
  • Panamá Papers (2016): documentos filtrados del bufete de abogados Mossack Fonseca que dieron más detalles sobre cómo las personas adineradas se estaban aprovechando de regímenes fiscales extraterritoriales.
  • Swiss Leaks (2015): documentos del banco privado suizo de HSBC que mostraron cómo se estaban utilizando las leyes de secreto bancario de Suiza para ayudar a los clientes a evadir el pago de impuestos.
  • LuxLeaks (2014): contenía documentos de la empresa de contabilidad PricewaterhouseCoopers que mostraban que las grandes empresas estaban utilizando acuerdos fiscales en Luxemburgo para reducir la cantidad de impuestos que tenían que pagar.

Los FinCEN Files, sin embargo, son diferentes porque no son solo documentos de una o dos empresas, sino que proceden de varios bancos.

Destacan una serie de actividades potencialmente sospechosas que involucran a empresas e individuos y también plantean preguntas sobre por qué los bancos que reportaron esas actividades no siempre actuaron ante esas preocupaciones.

Por lo pronto, la semana pasada FinCEN anunció propuestas para mejorar sus programas contra el lavado de dinero.

lunes, 11 de mayo de 2020

Silvercorp: qué se sabe de la compañía de seguridad de EE.UU. detrás del fallido intento de "golpe privado" contra Maduro en Venezuela

Video de Silvercorp




Agencias.
BBC Mundo.



Lo llamaron un "golpe privado": un plan para secuestrar a Nicolás Maduro y entregarlo a las autoridades de Estados Unidos, que ofrecen US$15 millones por el presidente de Venezuela.
El plan, comandado por la compañía de seguridad estadounidense Silvercorp, empezó con meses de entrenamiento a exmilitares venezolanos en la desértica Guajira colombiana. Tenían armas, chalecos, comunicaciones.
Silvercorp había tenido incluso contactos con la oposición venezolana, abierta a explorar "todas las opciones" para derrocar a Maduro.
Y así se gestó la llamada "Operación Gedeón", cuyo líder era Jordan Goudreau, un excéntrico exmilitar estadounidense que participó en las guerras de Irak y Afganistán como parte de fuerzas especiales del ejército. Lo acompañaban varios otros exsoldados de ese país.
El 3 de mayo, medio centenar de hombres embarcaron dos lanchas desde Colombia con el ambicioso objetivo de ocupar el palacio presidencial de Miraflores, sacar a Maduro y llevarlo al país del norte.
Pero antes de llegar incluso a su punto de desembarco, un pueblo en la costa norte venezolana llamado Macuto, fueron interceptados por las fuerzas de seguridad venezolanas. Según el gobierno, ocho personas murieron en el enfrentamiento y dos estadounidenses fueron arrestados.
Desde entonces, lo que inició como una heroica operación para derrocar al chavismo se convirtió en motivo de burlas y, según expertos venezolanos, en un nuevo argumento para la retórica de Maduro contra el imperialismo.
Goudreau, investigado ahora por la Justicia de su país, es el protagonista de una historia digna de película; para algunos no de acción, sino de comedia.
Aunque el gobierno de Donald Trump ha negado cualquier vínculo con Goudreau y la operación, el plan es reflejo del lema del gobierno de Washington de que "todas las opciones están encima de la mesa" para provocar un cambio de gobierno en Venezuela.

Una empresa de Miami

El nombre de Goudreau -de 43 años y nacido en Canadá- llegó al estrellato el 1 de mayo. Una investigación de la Associated Press dio a conocer la operación que lideraba el exmilitar, fraguada en 2018 desde Colombia en alianza con miembros de la oposición y un antiguo aliado del chavismo, el exgeneral Clíver Alcalá, quien desde hace semanas está en manos de la justicia de de EE.UU.
Goudreau, miembro condecorado de un equipo de Fuerzas Especiales del ejército también conocido como los "Boinas Verdes", no solo participó de reuniones de la oposición en Bogotá y Miami, sino que hizo parte del despliegue de seguridad del concierto "Venezuela Aid Live", en la frontera con Colombia, organizado por el millonario Richard Branson en febrero de 2019.
Después de luchar en las guerras, Goudreau creó Silvercorp un Miami en marzo de 2018. Su principal oferta, según relata en sus extravagantes redes sociales y su página oficial, era dar capacitación a la policía y a los maestros ante los atentados en escuelas de Estados Unidos.
Parte de su estrategia, dice en un video, era "infiltrar agentes antiterroristas en escuelas disfrazados de maestros".
En un detallado recorrido por las redes de Goudreau, el criminólogo Giancarlo Fiorella mostró en el portal Bellingcat evidencia de que el agente había participado y proveído seguridad en mítines políticos de Trump.
"Todo esto no significa que Goudreau sea parte del Servicio Secreto. Trump famosamente emplea seguridad privada para él y durante sus mítines, y Silvercorp probablemente fue contratado" para estos eventos, explica el experto, que luego publicó otro reportaje detallando teorías que relacionan a la Operación Gedeón con miembros de la derecha radical estadounidense.
BBC Mundo se comunicó con Goudreau pero no obtuvo respuesta. En una entrevista con la periodista venezolana Patricia Poleo, Goudreau dice que, pese a que su plan ya era conocido y que la oposición "no le pagó" lo que le prometió, lanzó el operativo porque es un "luchador por la libertad".
Basado en un polémico contrato revelado por el exmilitar, Goudreau esperaba financiar su operación con pagos realizados por la oposición, que obtiene sus fondos de los dividendos de empresas estatales venezolanas incautadas por Estados Unidos.
Cualquiera que sea su objetivo, en todo caso, Goudreau y Silvercorp reflejan una larga tradición de empresas privadas estadounidenses que prestan servicios militares a gobiernos y entes privados en América Latina y el mundo.
"No somos militares retirados", dice Goudreau en otro video en redes. "Somos un servicio activo de mitigación de riesgos".

El negocio de la geopolítica y el narcotráfico

"La tercerización de la política de Defensa en Estados Unidos, así como en Colombia, ha crecido mucho durante las últimas décadas, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico", le dice a BBC Mundo Adam Isacson, experto en seguridad de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), un centro de estudios.
"En América Latina este tipo de empresa se ha usado más para apoyo de inteligencia, mientras que en lugares como Irak o África llevaron a cabo operaciones de corte militar más similares a lo que parecía intentar Goudreau", añade.
Más allá de si el gobierno estadounidense tuvo o no que ver con la Operación Gedeón, expertos y opositores estadounidenses han dicho que desarrollos como éstos son resultado de ponerle una cifra a la cabeza de Maduro.
En marzo, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de US$15 millones por Maduro, al que la justicia de EE.UU. acusa de narcotráfico.
Isacson ha documentado el rol que han jugado decenas de empresas estadounidenses en esquemas como el Plan Colombia, un millonario acuerdo bilateral de lucha contra las drogas.
Otras compañías estadounidenses de seguridad prestan servicios a empresas mineras colombianas. Su presencia en el país es vieja y arraigada.
Desde el fin de la Guerra Fría, en Estados Unidos hubo una emergencia de compañías de seguridad que respondían a las iniciativas del gobierno de intervenir en conflictos complejos pero de pequeña escala, especialmente en África, sin el costo político -aunque sí económico- de sacrificar tropas estadounidenses.
Según un informe de 2011 del Comité del Senado sobre Seguridad Nacional, entre 2005 y 2009 el gobierno federal gastó US$3.100 millones en contratos privados para políticas antinarcóticos en América Latina, un aumento del 32% en cuatro años.
La recompensa por Maduro se plantea en términos de la guerra contra el narcotráfico, cargo del que acusan al mandatario chavista.
Un argumento, según mercenarios estadounidenses como Goudreau que dicen luchar a favor de la libertad, para dar un "golpe privado".

viernes, 1 de mayo de 2020

Coronavirus en Venezuela: los periodistas y médicos detenidos en el país en medio de la pandemia

Las organizaciones profesionales denuncian persecución oficial contra los periodistas en Venezuela




Agencias.
BBC Mundo.




La noche del sábado 21 de marzo la casa del periodista Darvinson Rojas en Caracas se vio rodeada por agentes de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía venezolana, un cuerpo denunciado por ejecuciones extrajudiciales y otros abusos.

Dijeron haber recibido una llamada por un caso sospechoso de covid-19 y exigieron al reportero que los acompañara.

Mientras el periodista alertaba en sus redes sociales, sus padres trataban de impedir el paso de los policías encapuchados. “Hubo un forcejeo y llegaron a tirar a mi madre al suelo”, le dijo Rojas a BBC Mundo.

Al final, Darvinson y sus padres fueron detenidos. Aunque ellos fueron liberados a las pocas horas, Darvinson permaneció 12 días bajo arresto. Lo soltaron, pero enfrenta cargos por los que podría pasar años en la cárcel.

¿Por qué?

Darvinson sumó las cifras de casos positivos por coronavirus que habían dado diferentes autoridades y se percató de que arrojaban un número mayor del que estaba informando el gobierno de Nicolás Maduro.

Cuando publicó en Twitter las cuentas que le salían a él, empezaron los problemas.

“Primero fueron críticas en las redes sociales; luego vino la Policía”, recuerda.

La de Rojas no es una historia excepcional en la Venezuela de la pandemia.

De acuerdo con los datos del Colegio Nacional de Periodistas, 18 informadores han sido detenidos en el país desde que el presidente Nicolás Maduro decretó el estado de alarma para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

Esta situación ha sido denunciada a nivel internacional por organizaciones como Human Rights Watch y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).

Otro gremio fundamental en la emergencia sanitaria, el de los médicos, también merece ahora atención prioritaria de las fuerzas seguridad y asociaciones profesionales han denunciado detenciones arbitrarias de algunos de ellos cuando han denunciado las carencias del sistema sanitario venezolano.

El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió a una solicitud de información de BBC Mundo.

Tampoco se conocen pronunciamientos gubernamentales sobre este tema.

"Autoritarismo" y "autocensura"

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó de que la crisis sanitaria provocada por la covid-19 "se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos".

Las detenciones de periodistas y médicos han hecho pensar a muchos qué es lo que podría estar pasando en Venezuela, un país al que la Alta Comisionada de la ONU sobre derechos humanos, Michelle Bachelet, ya ha señalado en varias ocasiones por sus carencias en este sentido.

Delvalle Canelón, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, le dijo a BBC Mundo que "el Gobierno busca infundir miedo a los periodistas para que en los medios se imponga la autocensura".

Los informadores ya estaban habituados a trabajar en circunstancias difíciles en Venezuela antes de la pandemia.

Tanto Maduro como destacados miembros de su gobierno acostumbran a referirse a la "guerra mediática" que, a su juicio, la prensa libra contra su gobierno y se han dado casos en los que simpatizantes chavistas han agredido a los periodistas.

"Muchos periódicos han tenido que cerrar por la falta de papel y hay cadenas de televisión que se encuentran de la noche a la mañana con que no se les renueva la licencia", indica Canelón.

A los invitados a los programas de radio y TV en Venezuela se les suele recordar antes de que salgan al aire que hay palabras prohibidas, como "régimen" o "dictadura", que no pueden pronunciar.

Venezuela ocupa el puesto número 147 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa que cada año publica la organización Reporteros Sin Fronteras, que afirma que Maduro "persiste desde 2013 en intentar silenciar a los medios independientes" y refleja que los periodistas en Venezuela se enfrentan a detenciones arbitrarias, a la violencia de las fuerzas de seguridad y a frecuentes bloqueos de internet.

Los reporteros detenidos durante la pandemia lo han sido en diferentes circunstancias.

Arnaldo Sumoza, de la cadena Canal 15, fue detenido mientras filmaba una de las frecuentes protestas por falta de agua en el Estado Guárico, en el centro del país.

Hidalgo Rincón fue arrestado por efectivos del Comando Nacional Antisecuestros (Conas) después de que emitiera opiniones críticas con el gobierno en el programa de radio en el que participa en el Estado Zulia, en el Noroeste.

Son solo algunos casos.

La acusación más frecuente es la de instigación al odio, un delito que puede acarrear hasta 20 años de prisión y que fue introducido en una ley aprobada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, el órgano plenipotenciario leal que Maduro creó después de perder en las elecciones legislativas de 2015 el control del Parlamento

Pese a la larga pena que podría caerle, Darvinson Rojas afirma: "No tengo miedo; solo confío en que todo se aclare y continuar con mi trabajo".

Los médicos también detenidos en Venezuela

La asociación Médicos Unidos de Venezuela contabiliza tres médicos detenidos en Venezuela solo en el mes de abril.

El doctor Freddy Pachano se libró por poco. "Tuve que salir del país por miedo", le dijo a BBC Mundo.

Pachano anunció en sus redes sociales la presencia de varios pacientes con síntomas similares a los del coronavirus en el Hospital Universitario de Maracaibo.

"Era mi obligación informar, porque la comunidad del hospital debía saberlo", afirmó Pachano.

El gobernador del Estado Zulia, Omar Prieto, pidió a la inteligencia militar venezolana que abriera una investigación y planteó que la Fiscalía presentara cargos contra Pachano.

Desde su refugio en el extranjero, Pachano cree que "el gobierno busca amedrentar a quienes denuncian las carencias del sistema sanitario".

Los profesionales sanitarios venezolanos llevan años protestando por la situación de los centros médicos, en los que, con frecuencia, faltan medicinas, luz y hasta agua.

La Organización Panamericana de la Salud considera a Venezuela uno de los países más vulnerables frente a la pandemia en América Latina.

El gobierno venezolano negó durante mucho tiempo los problemas de sus sistema de salud. En 2019 comenzó a reconocerlos, pero los atribuye al "bloqueo criminal" de Estados Unidos.

Al contrario que el periodista Rojas, Pachano sí dice tener miedo, porque, según dice, "En Venezuela te pueden meter en la cárcel porque sí".

miércoles, 8 de abril de 2020

Sexo, drogas y virus en parranda de niños ricos de Venezuela

Agencias.
The Associated Press.




MIAMI (AP) — Se pasaron una semana de parranda: Sexo, drogas, bailes en la playa... Pura diversión en una paradisíaca isla del Caribe con prostitutas traídas de Europa, algunos sacándose fotos con famosos artistas de reggaetón.
Estos hijos de miembros de la elite de Venezuela no sabían que el coronavirus se esparcía entre ellos en medio del jolgorio.
Algunos de los “bolichicos” --como se describe a los hijos de los sectores más privilegiados de la revolución socialista-- siguen de fiesta a pesar de la pandemia en un país azotado por una crisis.
Hasta ahora se sabe de solo siete muertes por el virus en Venezuela. Sin embargo, las posibilidades de que la pandemia desborde la capacidad de un sistema de salud muy deteriorado, en el que los hospitales se quedan sin agua, luz y suministros, son altas.
No está claro cuánta gente se enfermó el mes pasado en el archipiélago de Los Roques. Pero una estridente fiesta que generó muchas infecciones ha causado alarma a los niveles más altos del gobierno y recibido críticas de los venezolanos encerrados en sus casas desde hace semanas.
“Hubo una fiesta en una isla, y prácticamente todos los asistentes han dado positivo a Covid-19”, declaró el presidente Nicolás Maduro en la televisión estatal el 20 de marzo.
Tres días después, en momentos en que circulaban incómodos posts en Instagram con el #CoronavirusParty, el mandatario le restó importancia al tema.
“¿Por qué van a criticar una fiesta?... No sabían que estaban enfermos”, dijo Maduro, a quien Estados Unidos acusa de tráfico de narcóticos.
Ya sea en las atestadas playas de Miami o en fiestas clandestinas en España e Italia en los primeros días de la pandemia, ha sido difícil frenar las fiestas de los chicos ricos.
En América Latina, la región más desigual del mundo, se acusa a las elites de importar el virus tras visitar otros países. En México, por ejemplo, casi 20 personas contrajeron el virus en una salida a esquiar en Vail, Colorado. Pero los platos rotos los pagan los pobres, que no tienen acceso a buena atención médica y se afanan por conservar sus trabajos informales.
En Venezuela, donde la escasez de comida y medicinas hizo que 5 millones de personas se fuesen del país, las celebraciones fastuosas son más irritantes todavía. Cuesta ver semejante riqueza entre tanta propaganda alabando a los trabajadores humildes.
Las fiestas en Los Roques fueron organizadas por varios empresarios conectados con el gobierno, según dos personas al tanto de los encuentros que hablaron a condición de no ser identificadas por temor a sufrir represalias.
Ninguna de las dos personas que hablaron con The Associated Press estuvo en esas fiestas, pero sí participaron en otras con el mismo grupo de gente y están en contacto con varios que asistieron.
Uno de los participantes fue Jesús Amoroso, hijo del principal funcionario anticorrupción de Maduro, que ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestamente socavar la democracia venezolana.
Las fuentes dijeron que los organizadores trajeron prostitutas venezolanas de Madrid y Londres poco antes de que se suspendiesen los vuelos a y de España, una de las naciones más golpeadas por la pandemia.
Un pequeño grupo se cruzó con dos conocidos reggaetoneros puertorriqueños, Zion y Justin Quiles, que son vistos con Amoroso en una lancha en fotos y videos en las redes sociales.
Una portavoz de los artistas dijo que Zion y Quiles estaban en las islas filmando un video y no participaron en evento social alguno. Los dos dieron negativo en la prueba para detectar el virus.
En una nación abrumada por la miseria, Los Roques es un oasis para los pocos que pueden darse ese lujo, incluidos colaboradores y parientes de altos funcionarios que viajan a las pequeñas islas en aviones privados. Las fiestas en las islas se han hecho más populares ahora que Miami, Madrid y Nueva York están fuera de su alcance por las sanciones de Estados Unidos que cortan el acceso a cuentas bancarias en el exterior y limitan las posibilidades de viajar. Entre los asiduos asistentes a estas fiestas estarían los hijos de Maduro, de acuerdo con las fuentes, aunque ninguno participó en la más reciente.
Generalmente las fiestas incluyen drogas psicodélicas 2C-B, conocidas como la “cocaína rosada”, por el color del costoso polvo, de acuerdo con las fuentes.
Una de ellas suministró un video de un encuentro reciente en el que aparecen mujeres en bikini bailando el 11 de marzo en una casa sobre la playa alquilada a un ejecutivo bancario venezolano exiliado.
Según una tercera persona al tanto de estas fiestas, al día siguiente un grupo más grande partió en varias lanchas a un popular sitio que los lugareños llaman “Cayo Corrupto”. No sabían que se estaba esparciendo el virus.
“Seguramente alguien tenía el virus y nadie sabía”, comentó alguien de la zona que fue a la fiesta en un mensaje de audio que fue filtrado y circuló en las redes sociales. La persona, cuya autenticidad fue verificada por uno de los dos individuos que van a las fiestas, relató cómo él y su novia tuvieron que ser evacuados con fiebre alta. Agregó que a seis personas les habían detectado el virus.
La fiesta terminó con una resaca: Todos se hicieron exámenes y algunos, avergonzados, cerraron sus cuentas en las redes sociales.
Otros defienden sus acciones.
“MAMENLO CHISMOSOS”, dijo Amoroso en Instagram, sobre una foto que lo muestra frente a una camioneta de lujo, mostrando sus dedos mayores.
La semana pasada la policía detuvo a varias personas que estuvieron en Los Roques, incluida una presunta madam de prostitutas caras, tras irrumpir en una fiesta que llevaba varios días en una casa de un barrio exclusivo de Caracas. Las autoridades hallaron un revólver, pastillas de éxtasis y ocho mujeres que pertenecerían a una banda de prostitución, de acuerdo con el informe policial.
De los 18 arrestados por violar la prohibición de Maduro de reuniones grandes, a dos se les encontró el virus, según la policía.
El escándalo enfurece a los residentes del barrio pobre de Petare en Caracas. Miguel Rengifo, quien conduce una moto-taxi, dijo que le irritan las noticias de que los ricos están de fiesta mientras el país debe obedecer las órdenes de encierro.
“Necesitamos comer, pero ellos no. Lo que piensan es beber, levantar mujeres y no piensan en los demás”, se quejó. “Aquí estamos en pie de lucha, trabajando”.